El 30 de septiembre de 2019, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, decidió disolver el Congreso tras una legislatura llena de dificultades y tensiones con la facción fujimorista de la cámara. Con la segunda cuestión de confianza tumbada, Vizcarra alegó “obstrucción y blindaje” para la toma de decisiones y llamó a nuevas elecciones parlamentarias.
Las elecciones extraordinarias del 26 de enero dejaron un Congreso fragmentado, con la centroderechista Acción Popular como fuerza más votada –con la décima parte de los papeletas–. Lo más significativo de los resultados fue el hundimiento del partido fujimorista, Frente Popular, que pasó de ser la principal fuerza de la oposición a quedar relegada al sexto puesto. “Esta derrota aplastante al fujimorismo, acusa que los votantes lo han identificado como culpable de la grave crisis institucional del país”, señala el analista y doctor en Ciencia Política, Fernando Tuesta.
Los votantes parecen haber castigado a los al formación fujimorista, Fuerza Popular, por utilizar la mayoría absoluta en el Parlamento con fines ilícitos. Los diputados del partido intentaron proteger a cargos imputados por corrupción y a la excandidata a la presidencia, Keiko Fujimori –investigada por el caso Odebrecht–. A pesar de haber perdido decenas de bancadas parlamentarias, los analistas descartan que el fujimorismo desaparezca. Según el politólogo Carlos Menéndez en una entrevista para Perú21, el 8% de los votos que ha obtenido el fujimorismo en un escenario de alta fragmentación es suficiente para no estar tan “en la lona” como algunos creen.
Desde el Congreso, la mayoría fujimorista también intentó frenar la reforma de Vizcarra para combatir la corrupción. «Le pedimos al nuevo Congreso que se respete la lucha contra la corrupción», dijo el fiscal José Domingo Pérez, quien lleva el caso de Keiko Fujimori y otros segmentos de la trama Odebrecht. La parálisis política deja a la corrupción como epicentro de la crisis de confianza en la democracia de Perú. La Universidad de Vanderbilt constató en un estudio que el 85% de los peruanos cree que la mayoría de los políticos están involucrados en corrupción. Más de 200 candidatos a estas elecciones han sido sentenciados en procesos penales o civiles, según reveló el diario El Comercio.
Los inesperados ganadores en las urnas han sido los “pescaitos” o Frente Popular Agrícola del Perú (FREPAP). Su ideología ultraconservadora de corte religioso y fanático no ha frenado que sea el segundo partido en votos del país. Tampoco lo han hecho las declaraciones homófobas de su líder, Wilmer Cayllahua, quien afirmó que “los homosexuales tienen el demonio en sus corazones y en su sangre”. Su votación ha sorprendido tanto que la fujimorista Marta Chávez les mandó un guiñó asegurando que “se parecen mucho” a su partido en vistas a posibles alianzas. Sin redes sociales, el partido ultraconservador utiliza el únicamente el correo electrónico como medio de comunicación. Según Adriana Urrutia, experta en ciencias políticas, el FREPAP se ha valido de un efectivo “boca a boca y puerta a puerta” para darse a conocer y penetrar en las zonas más rurales del país. “Este fenómeno sorprende a las élites de Lima porque están tremendamente desconectadas del resto del país”, añade. Su propuesta de acabar con la inmunidad política ha sido un factor decisivo para los votantes que querían castigar a los partidos corruptos. El FREPAP ha sido el único partido con más del 5% de los votos –valla electoral para entrar en el Congreso– que se ha negado a reunirse con Vizcarra.
A pesar de que la composición del hemiciclo perdurará poco más de un año hasta las elecciones generales de julio del 2021, estas legislativas han sido un test para dibujar el panorma político del año que viene y para comprobar si el proyecto de reforma de Vizcarra sobrevivirá o no.
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